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Las ciudades, espacios privilegiados para la democratización cultural

Si la sociedad española tiene por delante un reto de envergadura en materia cultural, tras más de treinta años de régimen democrático, es precisamente, y aunque aparezca como contradictorio en los términos, la democratización. Y esa urgente e imprescindible democratización, que no es otra cosa que trasladar el protagonismo de la acción cultural desde los centros de poder político a los ciudadanos, además de exigir una profunda renovación en los modos y conceptos de la acción política en España, tiene como escenario privilegiado la ciudad, el marco local en el que la mayor parte de la población se relaciona con el modelo cultural vigente.

A modo de introducción: clarificando dos conceptos claves

Dos términos requieren una sucinta clarificación dado que serán utilizados con cierta profusión en este artículo: cultura y promoción cultural.

Lejos del impreciso y extenso contenido que propone la visión antropológica de la cultura, y que acoge a prácticamente cualquier actividad, utilizaremos aquí el término cultura como la expresión superior enriquecedora y trascendente de lo humano, unida indisolublemente, por lo tanto, al arte y a sus expresiones más características: pintura, artes escénicas, música…

Algo más de detenimiento requiere el análisis del término “promoción” cultural, concepto recogido en la Constitución habitualmente asociado a “cultura” y que ha tenido una interpretación política en todo el periodo democrático siempre vinculada al término “consumo”. Los poderes públicos a todos los niveles, en una restrictiva y unilateral aplicación práctica del precepto de promover la cultura, han orientado siempre su acción al incremento del consumo de actividades culturales mucho más que al crecimiento cultural de los ciudadanos, y más allá, a su elevación a la categoría de agentes protagonistas del devenir cultural del país. Así, la promoción de la cultura ha sido entendida como la acción de construir espacios artísticos, y de ofertar a los ciudadanos actividades culturales de todo tipo, siempre, eso sí, desde unas estructuras jerárquicas de poder frente a las que los ciudadanos no tenían más derechos que asentir o denegar.

La crítica a un modelo

Creo que ese modelo de relación establecido por las instituciones públicas en el ámbito cultural no solamente está históricamente agotado, sino que es una rémora que impide la renovación de los sistemas culturales y la democratización de sus prácticas, que debería llevar a la participación consciente de los ciudadanos en la definición y la generación de cultura, y no solamente a favorecer su consumo mediante políticas de incremento y diversificación de la oferta. En ese modelo de relación los poderes políticos asumen una desmesurada responsabilidad en el desarrollo cultural de los ciudadanos tomando decisiones sobre lo que es adecuado o no para su crecimiento cultural. Asumen, en fin, una tarea directiva en la promoción cultural sin que en su definición intervengan en modo alguno quienes debieran ser protagonistas y que devienen en meros sujetos pasivos y compradores. Un modelo que considera a los ciudadanos menores de edad. Treinta años de interpretación paternalista del mandato constitucional de promover la cultura, han llevado a una situación en que aparece como natural que los gobiernos centrales, autonómicos, provinciales y locales, de uno u otro signo, produzcan y promuevan espectáculos, y actúen como empresarios de locales, museos o centros de arte; que un puñado de personas designados por las instituciones municipales o autonómicas sean los responsables de definir el tipo de cultura que conviene a los ciudadanos; que gestores culturales públicos, sin control democrático alguno –más allá del que ejerzan sus responsables políticos coyunturales-, actúen como compradores y distribuidores de arte. Todo para el pueblo, por supuesto –y más aún en Cultura, que permite unos excelentes dividendos electorales con muy poca inversión real-, pero eso sí, sin que el pueblo pueda intervenir, sin que se fomente la crítica y la participación, sin que se generen –se promuevan debería decir, ahora sí- fórmulas y mecanismos concretos de participación de los ciudadanos en el acontecer cultural. Sin poner medios, en definitiva, para que los ciudadanos adquieran mayoría de edad cultural y protagonismo en la Cultura.

Es particularmente llamativo que esta situación, en la que parecen encontrarse como pez en el agua nuestros responsables políticos, y que es aceptada sin apenas discusión tanto por las organizaciones sociales como por el sistema cultural, conviva con una tendencia de fondo, en España y en todo Occidente, que informa de que los ciudadanos son cada vez más libres en sus elecciones culturales, más capaces de decidir sobre sus apetencias y tendencias culturales. Como he escrito en alguna ocasión: influidos por el mercado y los medios, sí, pero no carentes de albedrío, no totalmente controlados.

Verdaderamente, ¿no choca frontalmente esta clara corriente social con la acendrada tendencia patrimonialista sobre la cultura de nuestras instituciones públicas españolas, de nuestros líderes políticos y de los “santones” culturales?

El concepto político actual de “promoción cultural”, orientado, por una parte, a la construcción de espacios de exhibición, grandes museos, teatros y auditorios, y, por otro, a la programación en ellos de actividades dirigidas al consumo, que tiende a convertir a los ciudadanos en compradores de arte e incluso a consumidores de ocio, ha de abrirse a las tareas de renovación y democratización de las estructuras culturales y a que penetren en ellas los ciudadanos, ya a través de fórmulas propias de intervención cultural, ya mediante estructuras democráticas de participación. Como consecuencia, el papel de las elites político-culturales, en esta interpretación nueva y extensa del mandato constitucional de promover la cultura, ha de reducir su relevancia en la faceta de diseño y programación cultural y reorientarse al de promoción del ciudadano como agente activo en el devenir cultural. Un arbitro que modere el juego y sea garante del cumplimiento de las normas, pero que participe lo menos posible.

La ciudad

Y entramos de lleno en la materia que proponía el título de este artículo. El marco local es el espacio natural de relación de los ciudadanos con la cultura. En las ciudades, de diversos tamaños, se encuentran con las múltiples expresiones de la creatividad artística. Las instituciones locales, ayuntamientos y diputaciones, han tenido estos años en sus manos la capacidad de desarrollar políticas culturales orientadas al crecimiento de los ciudadanos, al incremento de su autonomía como seres humanos. Sin embargo, y en sintonía con lo argumentado más arriba, las ciudades han sido el escenario clave, privilegiado podríamos decir, de la utilización de la cultura desde el poder, ya para emplear arbitrariamente y sin control los presupuestos, ya para repartir discrecionalmente los dineros públicos en premios o penalizaciones, ya para establecer un modelo cultural basado en la representación, en lo formal, en el éxito mediático.

En estas décadas hemos visto consolidarse un modelo variopinto que optaba, en la lógica del mercado, por hacer de la cultura un adorno con clara vocación de señuelo turístico, y a cuya sombra, además, se realizaban importantes transformaciones urbanas en ocasiones alentadas por el interés económico y la especulación. La cultura, así, se transformaba en un instrumento que buscaba inversiones, población, negocio… y en menor medida la satisfacción cultural de la ciudadanía a la que el discurso político decía servir.

Las ciudades han sido testigo, así mismo, como consecuencia de lo anterior, de una desaforada manía de los poderes políticos por copiar todo lo que en otras ciudades “funcionaba”, provocando con ello una evolución hacia la homogeneización de la oferta cultural y una reducción drástica de la diversidad. La falta de riesgo y la repetición frente a la búsqueda y los nuevos horizontes culturales.

Las ciudades, terreno abonado en los años ochenta para el desarrollo de un fuerte tejido creativo han visto cómo el simple fomento del consumo cultural ha frenado la producción cultural. Grandes ofertas –museos, óperas, grandes espectáculos, orquestas inmensas, construcción de grandes espacios- han actuado al fin contra la producción local y la cultura de base, al olvidar que los grandes proyectos culturales si no se apoyan en la creatividad local generan más diferencias y desigualdades y menos perdurabilidad.

En las ciudades no se ha reducido la brecha, profunda, radical, que separaba el centro –privilegiado- de las periferias urbanas –relegadas- a comienzos de los años ochenta. Las políticas culturales públicas han generado una extensa red de centros culturales en buena parte de la geografía urbana española, sí, pero vacíos de contenido cultural; concebidos más como almacenes de actividades y ofertas de ocio, que como espacios abiertos a los ciudadanos que éstos pueden emplear para crear, producir, generar cultura. De este modo, además, se dificulta la integración social de amplios sectores sociales procedentes de la inmigración y de las nuevas generaciones, integración que solamente puede producirse en estrecha ligazón con la participación en la cultura y con la utilización compleja del espacio urbano.

La democratización, tarea urgente e ineludible

Los políticos –partidos e instituciones de todos los niveles- compiten en la actualidad, sin plantearse la más mínima duda sobre la bondad de sus opciones, porque sus ciudades sean atractivas, a poder ser más que las competidoras, con más museos, más oferta, mejores orquestas, más y mejores óperas y festivales… pero en sus planteamientos estratégicos –si puede definirse como estrategia la empobrecedora política de resolver la cultura a golpe de oferta- los ciudadanos resultan finalmente desplazados de los centros de decisión. Son, meramente, receptores, tanto para los poderes públicos, como para el tejido empresarial dedicado a la cultura. Para ambos, los ciudadanos forman parte de una entidad abstracta y relegada al papel de comprador silencioso de actividad cultural. Por parte de las empresas los públicos son percibidos como parte imprescindible de su negocio económico; por los poderes públicos, son vistos y tratados como parte del negocio político en que se ha ido convirtiendo la supervivencia en el poder. El modelo social generado por el capitalismo desarrollado, en el que el consumo es el eje en torno al cual giran todas las actividades, sitúa en un aparente primer plano al ciudadano, pero en el fondo intenta amoldarlo a las propuestas económicas, de ocio, o culturales lanzadas desde los centros de decisión, y en definitiva lo obvia. Sus inquietudes, sus gustos, sus opiniones previas y posteriores al acto cultural son directamente eludidas.

Es cierto que el establecimiento de mecanismos democráticos de influencia en las opciones culturales pondría en riesgo las decisiones de los sumos sacerdotes, e incluso imprimiría un fuerte control sobre medidas y capacidades que hoy en día son consideradas privativas de quienes usan el poder, pero al mismo tiempo permitiría por la mejor de las vías, la de la participación directa, la implicación de la sociedad en la acción cultural, su protagonismo, la conversión de sus miembros en ciudadanos mayores de edad y capaces de asumir decisiones sobre la dirección en que debe caminar la cultura.

Es cierto, también, que los ciudadanos pueden equivocarse en su elección, en sus opciones. Pero es, sin duda, mucho más democrático que el error sea fruto de la decisión de muchos, que dejar en manos de una sola persona –o muy pocas- los criterios de elección cultural que afectan a todos. De los errores colectivos es responsable el propio colectivo que toma la decisión, y él mismo, también, habrá de poner los medios para evaluar y enderezar la decisión. Los razonamientos que basan la bondad y exclusividad de los expertos culturales en base a su supuesta especialización de funciones son, al fin, incluso cuando están hechos desde la buena fe, justificaciones que excluyen de las políticas culturales a los ciudadanos.

La cultura ha de ser, en definitiva, un escenario de permanente, directo y franco diálogo entre los creadores y la sociedad; un escenario en el que lo que importe, lo que esté en primer plano para instituciones, teatros, museos, empresas, no sea lo que todas ellas digan de sí mismos o de lo que conviene o no a los ciudadanos, sino lo que los ciudadanos dicen y piensan de la cultura.

El futuro ha de convertirse en un mercado abierto en el que el protagonismo se desplace de los poderes y creadores a la ciudadanía: “Ellos son, al fin, quienes confieren valor mediante sus juicios, a través de sus elecciones efectivas y de acuerdo con una constante conversación personal”, dice Vicente Verdú en uno de sus últimos libros, (Yo y tú, objetos de lujo, Barcelona, Debate, 2006). La minoría de edad de los ciudadanos, considerada consciente o inconscientemente por las elites culturales como una condición sine qua non para la acción cultural, ha de ser superada.

Un futuro en que los poderes políticos, lejos del intervencionismo actual, vean reducido su papel en el ámbito cultural a garantizar precisamente ese diálogo y la intervención democrática efectiva de la sociedad en el devenir de la Cultura. Un árbitro que no juegue en el partido.

Como consecuencia de ese nuevo papel de la ciudadanía en la Cultura, la sociedad civil y todos sus agentes -empresas, asociaciones, individuos-, ha de tender a cubrir por sí misma sus necesidades fundamentales en ese ámbito. A través de la multiplicación de los agentes que intervienen en la cultura, a través de mecanismos creados desde la base para desarrollar esa función: asociaciones nacidas de los ciudadanos en torno a todo tipo de intereses y que utilicen una multiplicidad de medios para influir en la marcha de la oferta cultural.

La cultura nace de lo humano, no de los poderes políticos. Y estamos tan acostumbrados a no concebir que la cultura sea posible desde la sociedad civil, con la plena democratización de la gestión de la cultura, que pensar en ello produce un cierto vértigo. El vértigo que produce la libertad. Probablemente.